El juez Claudio Bonadio dispuso la liberación del ex funcionario kirchnerista, que estaba alojado en el penal de Ezeiza, acusado de integrar un entramado de corrupción; Se suma a Rafael Llorens

Olazagasti, ex secretario de De Vido, otro excarcelado

El juez federal Claudio Bonadio dispuso la liberación del ex funcionario kirchnerista José María Olazagasti, detenido en el marco de la causa de los cuadernos.

El ex secretario privado del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido se encontraba alojado en el Penal de Ezeiza desde agosto pasado, acusado de formar parte del entramado de corrupción detallado en los cuadernos del remisero Oscar Centeno.   La detención de Olazagasti se había producido tras los arrestos del dueño de la constructora Esuco, Carlos Wagner, y del ejecutivo de Techint, Luis Betnaza.     Al otorgarle la excarcelación a Olazagasti, el juez Bonadio le fijó una fianza de dos millones de pesos.   La excarcelación del ex secretario de De Vido fue concedida en los mismos términos que la de Rafael Llorens, también del área de Planificación Federal y quien era uno de los tantos detenidos que tiene la causa por asociación ilícita y sobornos.   Olazagasti estuvo prófugo unos días hasta que finalmente se entregó ante la Policía Federal, tras lo cual fue detenido con prisión preventiva por orden de Bonadio, ya que aparecía mencionado en algunas declaraciones que lo involucraban en el sistema de recaudación ilegal que se investiga en el caso.   Máxima confianza   El ex funcionario era la persona de máxima confianza de De Vido y también está involucrado en la causa de la valija del venezolano Guido Antonini Wilson, quien intentó ingresar 800 mil dólares en un avión en el que se trasladaba una comitiva de funcionarios del gobierno kirchnerista.   Al conceder la excarcelación de Llorens y ahora Olazagasti, el juez Bonadio consideró que ambos son “miembros” de la asociación ilícita, por lo cual la pena máxima que podría caberles sería de cumplimiento en suspenso. Además, evaluó que no existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, ambos elementos que podrían justificar la prisión preventiva tal cual establece el Código Procesal Penal.

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