El gobierno de María Eugenia Vidal salió al cruce de la postura de los prelados haciendo hincapié en su intención de “prohibirlas”, pero mientras tanto las mismas deberán tributar impuestos

Cortocircuito entre María Eugenia Vidal y la Iglesia

El gobierno bonaerense aclaró que hasta que se encuentre un mecanismo eficaz para prohibir las apuestas online, éstas deben tributar impuestos, en respuesta a una queja de la Iglesia, ante la aprobación en la Legislatura de la legalización dichas apuestas. “Lo que queremos es que el juego online también pague impuestos. Lo que hacemos es exigirles que paguen impuestos aquellos que hacen usufructo del juego online y hoy no pagan”, explicó una fuente del gobierno bonaerense.   Precisó que “si existe un proyecto para prohibirlo, que encuentre la manera de garantizar esa prohibición que es lo más relevante, sin duda encontrará apoyo en el gobierno de la Provincia” pero aclararon que “hasta ahora no ha aparecido un mecanismo sencillo de control o prohibición; con lo cual, mientras tanto, que paguen impuestos”.   La aclaración del gobierno bonaerense llegó después de que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) -a través de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia- consideró que la legalización tiene “un objetivo meramente recaudatorio”.   “Lamentamos el cambio que dio la gobernación provincial en este tema ya que se había manifestado con convicción en contra del juego, inclusive con acciones concretas y decisiones hacia futuro”, indicó la comisión episcopal en un comunicado difundido en el día de ayer, titulado “Cada casa puede ser un casino”.   Desde el gobierno bonaerense aclararon que, desde el inicio de la gestión, la gestión de María Eugenia Vidal se propuso que el juego “no creciera en la provincia de Buenos Aires y restringir al máximo posible la oferta de juego legal”.   Precisaron que “hay dos bingos cerrados, tres casinos cerrados, decenas de detenidos por juego ilegal y más de cincuenta millones de pesos recuperados”, además de “una licitación pública luego de 23 años, para no darle de manera directa la administración de un casino a nadie”.   Además destacaron que desde el inicio de la gestión “no se instaló una sola máquina tragamonedas más en la provincia, ni una agencia de lotería nueva”. Aclararon que el juego online es una actividad “mucho más difícil de controlar y de combatir”, que “no está prohibido legalmente y tampoco tributa impuestos”.   “No creemos que se justifique esta decisión argumentando que este negocio se da en la clandestinidad. Se antepone un objetivo meramente recaudatorio y legalizan el negocio de unos pocos sin considerar los daños que deja”, agregaron los integrantes de la comisión que coordina el padre José María ‘Pepe’ Di Paola.

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