Trump cambia y da un paso hacia un posible refuerzo del control de armas.

El presidente estadounidense Donald Trump fue aconsejado por sus asesores: era recomendable que el fin de semana no se mostrara jugando al golf, ni se expusiera demasiado para no alterar el clima de duelo que generó la matanza el miércoles en la escuela secundaria de Parkland, no muy lejos de su residencia veraniega de Mar-a-Lago, donde está recluido estos días. Trascendió que estuvo mirando mucha televisión, por lo que seguramente habrá visto en los noticieros el fuerte movimiento de alumnos que surgió espontáneamente para repudiar la inacción de los políticos y convocar a una marcha nacional en favor del control de armas para el 24 de marzo.

Quizás preocupado por este nuevo desafío, Trump decidió dar este lunes un pequeño paso hacia un posible refuerzo del control de armas en Estados Unidos al respaldar un proyecto de ley que fortalece las revisiones de antecedentes penales para quienes deseen comprar armamento. Hay que aclarar que no propone un giro dramático ni mucho menos, pero es un cambio de postura después de esquivar el tema durante más de un año que lleva en la Casa Blanca.

Durante la campaña electoral, Trump se alió con quienes se oponen a cualquier límite a la posesión de armas de fuego en Estados Unidos y prometió incluso a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) que tendrían un “amigo en la Casa Blanca”. La gran mayoría de sus votantes surgieron del interior del país, de sectores rurales y de comunidades pequeñas, donde las armas son parte fundamental de la cultura. Sin embargo, el presidente ahora hizo una leve concesión a quienes han clamado por un mayor control del armamento tras la matanza en la Marjorie Stoneman High School de Parkland.

A través de un comunicado de su portavoz, Sarah Huckabee Sanders, dijo que apoyaba un proyecto de ley presentado en noviembre por el senador republicano John Cornyn y el demócrata Chris Murphy, que trataría de aumentar la eficacia de la base de datos nacional sobre antecedentes criminales, para impedir que las personas allí incluidas puedan comprar armas.

“El presidente habló el viernes con el senador Cornyn sobre el proyecto de ley bipartidista que presentaron el senador Murphy y él para mejorar el cumplimiento a nivel federal de la legislación de verificación de antecedentes criminales”, dijo la portavoz. “Aunque las conversaciones continúan y se están considerando cambios (al proyecto de ley), el presidente apoya los esfuerzos para mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes”, añadió.

La legislación varía de acuerdo a cada estado, pero hoy cualquier ciudadano estadounidense mayor de 18 años puede comprar un arma en una casa de artículos de camping o un supermercado con un trámite que es bien sencillo. El vendedor debe solicitar online una verificación de antecedentes penales y de salud mental. Pero el sistema está lleno de agujeros. Por ejemplo, si la respuesta no llega en 3 días, el vendedor debe igual cerrar la operación. Además, esta verificación no se exige en feria de armas o en ventas por internet, cada vez más frecuentes.

El asesino de Parkland, Nikolas Cruz, de 19 años, había comprado legalmente su rifle semiautomático AR15, a pesar de que había sido expulsado de la escuela por haber llevado armas y denunciado al FBI por haber amenazado con cometer una matanza en un colegio.

Lo que avala ahora Trump no es un aumento de controles, ni la prohibición de venta de los rifles semiautomáticos, como muchos propugnan. La propuesta de Cornyn y Murphy tiene un objetivo más modesto: fortalecer la base de datos del Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Criminales (NICS, en inglés), utilizado por el FBI para comprobar, en cuestión de minutos, si alguien que solicita comprar un arma ha cometido algún delito. Esa base de datos está incompleta, porque algunos estados y agencias federales no cumplen el requisito de informar al NICS cuando condenan a un sospechoso de un crimen.

El proyecto de ley daría incentivos financieros a los estados que informen de cualquier condena criminal, además de aplicar el requisito ya existente de que las agencias transmitan a esa base de datos la información que tengan sobre esas sentencias. El apoyo de Trump podría generar un impulso para ese proyecto, que sería el único capaz de salir adelante en Congreso, controlado por los republicanos.

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