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INTERNACIONALES

16 de septiembre de 2020

Venezuela

A través de una Misión Internacional de Investigación, que no contó con el permiso de las autoridades venezolanas, el organismo documentó 223 casos contra la población civil.

La ONU acusa al gobierno de Maduro de crímenes de lesa humanidad

La Organización de las Naciones Unidas denunció al Gobierno de Nicolás Maduro por violar los derechos humanos de la ciudadanía en general, al tiempo que detalló que desde 2014 se han cometido 223 "crímenes de lesa humanidad" por parte de las autoridades pertenecientes a la gestión de Nicolás Maduro.   Según el informe de la Misión Internacional de Investigación, encargada por la ONU para documentar la situación en el país, los crímenes más comunes cometidos por las fuerzas de seguridad han sido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, dirigidas, principalmente, a manifestantes, ciudadanos opositores o percibidos como tales y supuestos delincuentes.   “Los crímenes fueron altamente coordinados conforme a políticas de Estado y como parte de un tipo de conducta generalizada y sistemática, por lo cual llegan a ser crímenes contra la humanidad”, concluyeron los investigadores que integran la Misión de carácter independiente.   Para la elaboración de estas 411 páginas, que no tuvieron ninguna autorización del Gobierno venezolano, se revisaron 2.891 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad y considerados "ejecuciones extrajudiciales".     Además, se precisó que se han registrado 3.479 casos de detenciones arbitrarias por razones políticas en los últimos seis años.   Las principales entidades involucradas en los crímenes son la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y en particular las Fuerzas de Acción Especial (FAES), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).   Tras la publicación de este informe, Marta Valiñas, presidenta de la Misión, pidió que el Estado venezolano investigue estas violaciones, procese a los responsables, los sancione y haga justicia a las víctimas.

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