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12 de septiembre de 2020

El Bolsón

El magistrado Gustavo Zapata pidió que se le brinde un alojamiento a las 160 familias que ocuparon el predio que pertenece al INTA. Asimismo, apuntó contra el Estado por su "inacción" para controlar las tierras.

Un juez se niega a desalojar una toma y exige viviendas para los ocupantes

El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, rechazó este viernes el desalojo de 160 familias que ocuparon un predio en cercanías de la localidad rionegrina de El Bolsón, perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Asimismo, el magistrado rechazó que el organismo nacional oficie como querellante y convocó al gobierno municipal de El Bolsón a que le brinde alojamiento a las ocupantes en los próximos 15 días.

La toma del predio empezó con 30 familias que se instalaron en un espacio que el INTA había concedido al club El Refugio, y continuó con una segunda tanda de 130 familias que ocuparon alrededor de 60 hectáreas.

A partir de una denuncia radicada por el INTA, la fiscal federal subrogante de la ciudad, Sylvia Little, procedió este miércoles a pedir el desalojo de las tierras. “Estamos en presencia de un delito. (…) Aquéllas 133 familias ingresaron clandestinamente a los predios de propiedad del INTA y se instalaron allí, reclamando como propias las porciones de terreno que, cada quién, unilateralmente demarcó para sí”, decía en el fallo.

Y agregó: “Negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaran en dicha reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema”.

En respuesta a este fallo, Zapata mencionó que una medida cautelar por parte del INTA ante la Secretaría Civil de del Juzgado Federal ya fue rechazada con anterioridad y la nueva presentación es una “una mera reiteración, ahora en sede penal”.

“Traerá consecuencias graves para las partes en litigio. Si se decide tardíamente el desalojo, supondrá perjuicios tanto para el denunciante como para los mismos usurpadores, que probablemente habrán incurrido en gastos de construcción considerables. Si por el contrario, en forma tardía se le otorga la razón a los ocupantes, estos ya habrán sido desalojados y permanecido en situación de vulnerabilidad, expuestos a peligros en su integridad y vida, además del perjuicio económico evidente”, consideró el juez federal subrogante.

La “inacción” del Estado
Por otra parte, Zapata también cuestionó la posición que tomó el Estado Nacional. “No abrigo dudas que la deficitaria política estatal en materia habitacional ha llevado a su vez a que nos encontremos con inmensas porciones de tierras que no pueden ser controladas siquiera por el propio Estado que con su inacción permite el asentamiento masivo”, planteó.

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