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POLÍTICA

12 de junio de 2020

Caso Vicentin

Roberto Lavagna, con el Presidente Alberto Fernández

Lavagna, Duhalde y gobernadores: los tres actores clave que escuchó Alberto en la negociación con Vicentin

La tarde en que Alberto Fernández anunció la intervención y expropiación al Grupo Vicentín para salirse de la agenda de la pandemia del Covid 19 quedará en la historia del gobierno albertista como el lunes negro que le dinamitó el sistema de alianzas políticas al Presidente y que lo puso, por primera vez, en la situación de tener que reconstruirlas y dar una incómoda marcha atrás en la estatización y la “soberanía alimentaria”. El primer límite lo puso el exministro de Economía, Roberto Lavagna, aliado (no incondicional) y consultor permanente del Presidente, que alertó su rechazo.   Pero no fue el único. Según pudo saber A24.com, el Presidente quedó golpeado por el rechazo del ex presidente Eduardo Duhalde, de todas las cámaras empresariales, la clase media expresada en movilizaciones y cacerolazos, y el silencio generalizado de la liga de gobernadores del peronismo, cuya inacción significó un mensaje de reprobación contundente.   En Olivos, el Presidente recibió anoche al CEO de Vicentín, Sergio Nardelli, y cambió la palabra expropiación por “rescate” de una potencial “extranjerización, y se manifestó “dispuesto a escuchar alternativas superadoras”. Con la mediación del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, la empresa aceptó la intervención pero se discuten ahora “mecanismos distintos a la expropiación” para el “rescate” de la empresa, se informó.   Alberto Fernández durante el anuncio de la intervención de Vicentin   Se barajan tres alternativas: los acreedores de la empresa concursada, tanto el Estado como las cooperativas del agro, podrían integrar el paquete accionario a cambio de una renegociación de la deuda; una empresa mixta con YPF Agro; inyectar capital privado, y transformarla en cooperativa.   “Hace algunos años, se habló de soberanía energética y las cosas no salieron bien”, dijo el ex candidato a presidente de Consenso Federal en un tuit que puso en palabras el malestar general e hizo mucho ruido en la residencia de Olivos.   Ahora, el Gobierno mantendrá la intervención, pero analiza, aún sin confirmar, una salida intermedia para no avanzar en una expropiación total: un esquema en el que el Estado y los productores, cooperativas agropecuarias y corredores de granos tomen parte del paquete accionario equivalente a la deuda que la cerealera mantiene con ellos.   Es lo que propone Lavagna y el jefe del bloque de diputados lavagnistas, Alejandro “Topo” Rodríguez. También comparte esa postura el ex presidente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi, amigo del Presidente; y lo que impulsan dirigentes cooperativistas como Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, que empezó a dialogar con el nuevo interventor de Vicentín Gabriel Delgado, que aún no conoce las dimensiones del sillón que ocupará.   ¿Por qué Lavagna escribió ese tuit en su red Twitter? “Lavagna no es asesor, sino que cuando lo llaman va a conversar y da su opinión. Cuando hay que criticar, critica. Hemos acompañado proyectos, hemos estado en contra y hemos propuesto reformas”, dijo un diputado lavagnista. “Le está marcando límites sobre el apoyo, por el bien de la Argentina”, agregó.   “Pero la confianza se deteriora porque cuando sancionamos la suba de retenciones nosotros logramos imponer las retenciones segmentadas a pequeños y medianos productores y hasta hoy no se aplicaron”, agregó. El malestar crece en esa relación. Y en Olivos hace diez días, el ex ministro le pidió a Fernández poner en marcha el proyecto de ley Pymes, que presentó el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez. Tensiones en alza.   Sin tanta mesura y más flemático, otro aliado simbólico de Fernández, el ex presidente Eduardo Duhalde, estalló de furia cuando vio por televisión la conferencia de prensa del lunes del Presidente.   La presencia de la senadora de Mendoza Anabel Fernández Sagasti le hizo pensar en el acto que la autoría real del proyecto es de la vicepresidenta Cristina Kirchner, más allá de que haya sido el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el que propuso el nombre de Delgado, aprobado por Cristina y por Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y accionista del Frente de Todos.   “¡Es tan ridículo! Fue una insensatez que no tiene ni pies ni cabeza”, dijo Duhalde entre los miembros del entorno más íntimo. En su fuero íntimo, el ex presidente opina que Alberto Fernández todavía tiene por delante el desafío de imponer su liderazgo sobre el de Cristina Kirchner y para ello debe designar dirigentes de peso en los principales ministerios.   En la tarde del miércoles último, Duhalde mantuvo un diálogo amigable, pero tenso, con Fernández en el que le expresó la necesidad de corregir de forma urgente los términos de la expropiación.   “Estás agregando un enorme problema a todos los que ya tenés. Necesitás inversiones para generar empleo después de esta parálisis. Con estas medidas, los empresarios no van a invertir”, le advirtió el ex presidente, que tiene experiencia de gestión y conoce a muchos industriales y dirigentes empresariales que le transmitieron mucha más preocupación por el avance sobre la propiedad privada que la que expresaron en público.   Casi todas las cámaras empresariales condenaron públicamente la medida.   Fernández le dijo a Duhalde que al día siguiente (por ayer) iba a anunciar una corrección de la medida. Es por eso que en un reportaje con El Noticiero de A24, anteayer, el ex presidente dijo: “Esto se empieza a solucionar mañana”.   El malestar empresarial fue una bala que le entró al Presidente. Los hombres de negocios no salieron de su asombro porque el miércoles anterior, en la residencia de Olivos, Alberto Fernández les había garantizado que no iba a aplicar las “ideas locas” de quedarse con las empresas a las que el Estado les diera ayuda por la pandemia del Covid 19. El lunes anunció todo lo contrario.   Desde la perspectiva de Alberto Fernández, los empresarios desconfiados y paralizados serían una amenaza para su próximo “plan post pandemia”. Pero no fue solamente eso: las movilizaciones en la ciudad de Avellaneda, en Santa Fe, y los cacerolazos en las grandes ciudades del país también pusieron en alerta a todo el Gobierno.   La liga de gobernadores peronistas hizo un estruendoso silencio y ello significa malestar y reprobación en los códigos del partido de Juan Domingo Perón.   Se sabe que los mandatarios de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan Schiaretti, provincias productoras agropecuarias, están profundamente preocupados. Perotti respaldó la intervención con participación de YPF Agro, pero rechaza la expropiación. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quedó desencantado porque la medida se tomó sin la participación del ministro de Agricultura, Luis Basterra, un hombre incondicional al caudillo formoseño.   Dentro del peronismo racional, le adjudican esta medida al cristinismo. La versión oficial indica que fue la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, la que le llevó la idea a su “jefa” Cristina Kirchner y que ésta le indicó que la hablara con el Presidente. Trascendidos indican que el ideólogo fue el ex jefe de la AFIP Ricardo Etchegaray. Es cierta la reunión en que Alberto recibió a Fernández Sagasti y le pidió que comenzara a hablar del tema con Matías Kulfas y que fue éste quien convocó a Gabriel Delgado.   El sábado último, Cristina Kirchner estuvo en Olivos en una reunión de trabajo donde comandó las conversaciones. Luego de la pésima repercusión del anuncio, el propio Echegaray le llevó al Presidente la idea de no expropiar todo el Grupo Vicentin, sino sólo las acciones equivalentes al valor de la deuda con el Estado. Lo mismo ocurriría con el resto de los acreedores que podrían participar en las acciones. Dicen que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, está de acuerdo con esta salida.   El Banco Nación es acreedor por 300 millones de dólares. El ex presidente del BNA, Javier González Fraga, asegura que recibió 220 millones de dólares de las gestiones anteriores y que el gobierno kirchnerista ya le había otorgado 170 millones. Su gestión le aumentó los créditos en 36% a Vicentín, pero asegura que tanto el Grupo y el Banco tenían calificación crediticia en ese momento. Pero en 2019 se produjo un salto devaluatorio por el cual, en pesos, la deuda pasó de 9.000 millones de pesos (30 pesos por dólar) a 18.000 millones (60 pesos por dólar), sin que el BNA otorgara un peso.   Un beneficiario directo en ese potencial esquema sería la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), vinculada a Coninagro. Es la principal acreedora privada por 100 millones de dólares. Se trata de un pool de 150 cooperativas que nuclean a 50.000 cooperativistas. ¿Todos pasarían a ser accionistas de Vicentín?   “Hay muchas versiones. Creo que no tienen claro nada”, dijo A24.com una fuente oficial. Consultadas altas fuentes cercanas a Alberto Fernández no confirmaron ni descartaron esa posibilidad. “Se seguiría un camino intermedio, el Estado pasaría a tomar parte de la empresa según la compra de acciones correspondientes al monto que la empresa le debe al Banco Nación y a otros bancos públicos”, confiaron fuentes del oficialismo.   En medio del conflicto, Alberto quedó expuesto a una decisión del kirchnerismo radicalizado, que le debilitó la imagen de moderación que él representaba en contraste con la ex presidenta.   También le generó un costo dividir a la sociedad en un momento en que la pandemia había logrado generarle consenso popular. Además, rompió muchos puentes con empresarios y le debilitó algunas alianzas, que deberá reconstruir, en una pulseada en donde se dirimirá quién toma las decisiones en el Gobierno.   Por : Mariano Obarrio

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