Los gremios advirtieron que esperan una llamado para solucionar los principales reclamos, a cinco días de que se venza la conciliación obligatoria. La tragedia de Moreno caldeó todavía más los ánimos.

A cinco días del cierre de la conciliación obligatoria, los gremios esperan una convocatoria del Gobierno.

A solo cinco días de que se venza el plazo para negociar establecido por la conciliación obligatoria que dictó el Gobierno de la Provincia el 27 de julio, el conflicto con los gremios docentes se configura como un gran signo de interrogación. En las dos semanas transcurridas desde el cese de las hostilidades no hubo ninguna convocatoria a negociar y los gremios desesperan.

Así lo hizo saber el secretario general de UDOCBA, Miguel Díaz, quien advirtió que todavía no se “concretó un llamado a los gremios para negociar de buena fe” y reclamó una oferta que supere la actual, considerada “inaceptable a la luz de la inflación que estamos sufriendo los trabajadores”.

El Frente de Unidad ya intentó apurar a la Provincia para que convoque y proponga. Durante la última semana acusaron al ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, de “actuar de mala fe, incumpliendo la ley de Conciliación Obligatoria” y anunciaron que analizan denunciarlo penalmente por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público” y recordaron que ya acudieron a la Justicia para realizar presentaciones en sede administrativa y judicial.

Desde el dictado de la conciliación, que frenó el paro de 72 horas lanzado por el Frente de Unidad Docente -pero no una medida de alcance nacional de CTERA, de 48 horas-, pasó agua bajo el puente, aunque no se vislumbran síntomas de acuerdo inminente.

En primer lugar, la Provincia anunció una multimillonaria sanción contra el gremio SUTEBA, de Roberto Baradel, por considerar que violó la conciliación al plegarse a la medida de CTERA. Todo eso quedó, sin embargo, opacado por la escuela 49 de Moreno, luego de la explosión que generó la muerte de dos personas.

Mientras que los gremios docentes acusan a Vidal de ser la “principal responsable” de la tragedia y lanzaron un paro de 24 horas, además de marchas en todos los puntos de la Provincia, desde la administración bonaerense volvieron a echar la culpa a la gestión anterior y también a las responsabilidades del gobierno local del kirchnerista Walter Festa.

El reclamo por condiciones de infraestructura se agudizó a partir de la muerte de la docente Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. Desde entonces, las escuelas que suspendieron los servicios educativos como medida de prevención se multiplicaron hasta superar las 700.

La tragedia, insistentemente anunciada por los gremios -al gobierno de Vidal como al de Daniel Scioli antes-, fortalece su posición en la negociación y complica la del Gobierno, que ya no sólo deberá esforzarse para satisfacer las pretensiones salariales -30% de incremento y cláusula gatillo-, sino que deberá poner sobre la mesa medidas concretas para garantizar la seguridad de trabajadores y alumnos que concurren a las más de 13 mil escuelas que tiene la Provincia.

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