La Justicia dictaminó que entregará a España al líder independentista si se lo juzga por malversación y no por rebelión.

MADRID.- La Justicia alemana dio un mazazo a la aspiración del Estado español al dictaminar que solo entregará al destituido expresidente independentista deCataluña Carles Puigdemont por el delito de malversación de fondos y no por el de rebelión, como pretendía el juez madrileño que lo procesó.

El pronunciamiento de la corte alemana de Schleswig-Holstein fue leído inmediatamente como una victoria por el independentismo catalán. "Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado español", celebró Puigdemont a través de las redes sociales.

Para el gobierno español fue un momento incómodo. "Las decisiones judiciales no se califican; se respetan", dijo el actual presidente, el socialista Pedro Sánchez.

Si no hay modificaciones y el margen para que las haya es cada vez más acotado-, la decisión alemana puede tener impacto en la situación de los 14 dirigentes independentistas que se encuentran encarcelados por el delito de rebelión. El acuerdo internacional impone que, si Alemania entrega a Puigdemont, la Justicia española acate la decisión y solo lo juzgue por malversación y no por rebelión. Se trata de dos figuras con penas que no se pueden comparar. La primera puede llegar a un máximo de seis años de prisión; la segunda, a treinta.

Aunque, más allá de eso, lo que está en juego es el fondo mismo de la cuestión, ya que la lectura alemana tira por tierra la visión española de que Puigdemont había alentado una alteración profunda de la institucionalidad española.

Se trata no solo de un tiro por elevación a la estrategia seguida hasta ahora, sino, incluso, a la que defendió el rey Felipe VI en su polémico "discurso extraordinario" de octubre pasado, cuando prometió responsabilidad a los promotores del independentismo catalán.

Más aún, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, anunció la intención de recurrir hoy la extradición por malversación de fondos. Un recurso que, si prosperara, podría paralizar todo el expediente.

Hace nueve meses que la crisis catalana, con la fallida declaración de independencia de octubre pasado, tiene en vilo a España.

El recientemente desplazado presidente del gobierno Mariano Rajoy dejó todo en manos de los tribunales y allí se perdió el control para encontrar una salida política.

Desde la llegada del socialista Pedro Sánchez al poder, el pasado 1° de junio, se activó la vía política con un comienzo de deshielo en la relación con Cataluña. Pero el cruce judicial de ayer puede tener un impacto enorme en esa dinámica.

La decisión fue también un revés para los partidos políticos que defendían la vía judicial. "No puede haber santuarios judiciales para nadie", protestó el hasta hace poco gobernante Partido Popular (PP).

Desde el liberal partido Ciudadanos se lamentó que la Justicia "premie a los que huyen", en referencia a la decisión de Puigdemont de darse a la fuga para no ser procesado en España.

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