La Justicia de EE.UU. falló contra un pedido de la Argentina.

Un tribunal de Nueva York rechazó que la demanda de un fondo buitre que reclama US$3000 millones por la estatización de la empresa pasará a los tribunales de Buenos Aires.

Como una pesadilla recurrente, la Justicia de los Estados Unidos volvió ayer a darles la razón a los fondos buitre en un reclamo astronómico contra la Argentina. La Corte del Distrito Sur de Nueva York consideró que el juicio por unos 3000 millones de dólares que inició el fondo Burford Capital por la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner debe seguir adelante en Estados Unidos, y rechazó el pedido argentino de trasladar la controversia a los tribunales de Buenos Aires.

La decisión reforzó la postura de los fondos y cayó como un balde de agua fría en el Gobierno. La condena todavía es lejana, y en la Casa Rosada ayer se consolidaba la decisión de apelar ante la Corte Suprema norteamericana, según adelantaron fuentes oficiales. En paralelo, YPF envió un comunicado a la Bolsa de Comercio para anticipar sus consecuencias: "La Corte de Apelaciones no se expidió respecto del reclamo de fondo efectuado contra YPF en los autos de la referencia. La sociedad se encuentra analizando la decisión adoptada por la referida Corte de Apelaciones e interpondrá todos los recursos legales necesarios para defender sus intereses de acuerdo con el procedimiento legal aplicable".

En 2015, Burford Capital se quedó con las acciones del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, e inició una demanda en el juzgado que supo ocupar el inmemorial Thomas Griesa.

El fondo acusa al gobierno de la Argentina de violar las leyes de los Estados Unidos, al estatizar YPF sin presentar una oferta pública (OPA) para la compra de las acciones que estaban en manos de los Eskenazi. En 2012, la expropiación solo avanzó sobre las acciones que tenía la española Repsol. En el juicio que ahora lleva adelante la jueza Loretta Preska, el Estado argentino argumentó que la estatización era una facultad soberana que no estaba subordinada a las leyes de los Estados Unidos. Las leyes norteamericanas contemplan los alcances de esta inmunidad a través de la ley Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA).

La disputa dio lugar a una controversia por la jurisdicción: ¿debía continuar en Nueva York o en Buenos Aires? En un fallo dividido, la Corte del Distrito Sur de Nueva York le dio la razón a Burford Capital y ahogó las celebraciones en la Argentina. "Por las razones anteriores, afirmamos que la decisión de este tribunal de distrito sostiene que la Argentina e YPF no son inmunes a la demanda bajo la ley FSIA y se decide desestimar la apelación", expresaron los jueces Guido Calabresi y Denny Chin. El tercero, Ralph Winter, votó en disidencia, según el fallo al cual tuvo acceso LA NACION.

"El proceso esta´ en un estadio inicial; llegado el caso de una decisión adversa final, el reclamo se dirimirá´ en un juicio ordinario, sujeto a una amplia discusión y con todos los hitos de apelación pertinentes", advertían ayer en la Casa Rosada. La premisa parece ser ganar tiempo.

Pero el fallo de la Corte de Nueva York ya tiene efectos inmediatos. Además de Burford Capital, el fondo Eton también demandó a la Argentina ante el juzgado de Preska porque tenía acciones de YPF al momento de la estatización. Su proceso estaba frenado hasta tanto se resolviera si el juicio continuaba en Nueva York o en Buenos Aires. Ahora retomará su marcha amenazante. A su vez, Burford ya ganó millones sin condena. "Compró el 70% de las empresas del Grupo Petersen por 17 millones de dólares y vendió el 25% por 106 millones de dólares en mercados secundarios", explicó a LA NACION Sebastián Maril, de Research for Traders. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes están detrás de los fondos que le están comprando a Burford los pedazos del juicio contra la Argentina.

En las reuniones que atraviesan a los abogados de la Argentina se evaluó desplegar una estrategia más agresiva si las apelaciones fracasan. La Procuración del Tesoro podría requerir un procedimiento que en los tribunales de Estados Unidos se conoce como discovery process, que obligaría a la Justicia norteamericana a investigar cómo fue el camino financiero que condujo desde la YPF privada de los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner hasta los buitres. Es una historia repleta de puntos oscuros.

La familia Eskenazi, que durante el kirchnerismo llegó a manejar el 25% de YPF, siempre enfatizó que no tenía nada que ver con los buitres. "El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior", señaló a través de un comunicado cuando se conoció el juicio.

Pero en los papeles, la demanda fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF. La red financiera que permitió la compra incluyó una red de bancos y un crédito de la española Repsol, que controlaba la petrolera. El Grupo Petersen pagó luego gran parte de la deuda con los dividendos que dio la propia YPF.

Por la estatización, el gobierno de Cristina Kirchner terminó por compensar a Repsol con unos US$5000 millones, mientras que las firmas de la familia Ezkenazi terminaron por ir a la quiebra, con el argumento de que no podía cubrir las deudas, entre otras, con la propia Repsol. Así apareció el fondo Burford para comprar el derecho a litigar. Hace 10 años, las legisladoras Elisa Carrió y Paula Oliveto denunciaron la maniobra ante el juez Ariel Lijo. "Dijimos que las consecuencias iban a ser terribles", recordó ayer Oliveto. Aquí, la causa no avanzó.

La demanda

El fondo Burford Capital compró la mayoría accionaria de las empresas de energía del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi

Los argumentos

Los demandantes dicen que el Estado debió hacer una oferta por las acciones de Eskenazi cuando se estatizó

3000 millones de dólares

Es la estimación de la demanda que reclama el fondo Burford Capital por la porción accionaria de la estatización de YPF

5000 millones de dólares

Es el monto que el Estado argentino pagó a la española Repsol como consecuencia de la estatización de la compañía petrolera. El grupo Eskenazi tenía deudas con Repsol y sus acciones terminaron en manos de un fondo buitre.

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