Acusan al Ejército por la masacre de 18 mineros ilegales en el sur de Venezuela.

El Ejército de Venezuela vuelve a quedar involucrado en un episodio sangriento, esta vez en el sur amazónico, en un país cada vez más crispado por la debacle económica y la crisis política. Según se supo este domingo, un supuesto enfrentamiento entre militares y mineros ilegales dejó un saldo de 18 muertos en el yacimiento de oro de Cicapra, una conflictiva zona donde operan mafias dedicadas a la explotación de minerales.

El hecho, en el que el ejército dijo haber incautado armamento de tipo militar, levantó sospechas en la oposición y en grupos de derechos humanos, cuyos voceros recordaron que en anteriores ocasiones, en la misma zona, patrullas militares abatieron a mineros y disfrazaron los operativos como enfrentamientos.

El hecho conocido este domingo se produjo el pasado sábado en el estado Bolívar, específicamente en la población selvática de Guasipati, cerca de la Amazonia venezolana. “Hubo un intercambio de disparos con varios sujetos aún por identificar logrando dar de baja a 18 de ellos”, dijo un informe militar extraoficial al que tuvo acceso la agencia noticiosa AFP. Se estima que la mujer fallecida -la única entre los 18 muertos- sería la hermana de Hussni y Anderson Rodríguez Cuevas. Esta pareja de hermanos, durante más de 14 años, dominaron diversas zonas de minería ilegal en el sur pero fueron muertos en distintos operativos del gobierno, uno en 2015 y otro en 2017.

“Todos presentan heridas por arma de fuego, esto producto del intercambio de disparos que hubo entre los funcionarios y el grupo armado que dirige el sector”, informó una fuente militar al diario El Correo del Caroní sobre el episodio del sábado. “En total, fueron confiscados cuatro fusiles de asalto ligero, un fusil R-15, siete pistolas de diversos calibres, tres revólveres, una escopeta y dos granadas”, especificó el rotativo.

Pero el hecho, tras ser informado este domingo por la prensa de Caracas, generó una ola de dudas entre voceros de la oposición y de ONGs dedicadas al tema. “¿Murieron 18 ciudadanos y no resultó herido un solo soldado? (…) ‘Despejan’ estas áreas auríferas a sangre y fuego”, denunció el diputado opositor Américo De Grazia, uno de los representantes del estado Bolívar en el Parlamento, de mayoría antichavista. Del mismo modo, la ONG Provea condenó el caso a través de la red social Twitter: “Presunto enfrentamiento entre integrantes del ejército y mineros con saldo de 18 mineros asesinados es preocupante. ¿Nueva masacre?”.

Las propias autoridades han reconocido en diversas ocasiones que los yacimientos de oro en la región selvática se encuentran controlados por bandas dedicadas a la explotación ilegal de oro y además mantienen el control de las poblaciones.

Pero también es cierto que, necesitado de fondos, el gobierno está especialmente interesado en un área rica en minerales. Con ese fin, el presidente Nicolás Maduro ordenó crear una “zona militar especial” para proteger el Arco Minero del Orinoco, la franja del territorio venezolano involucrada en estos casos. Las zonas ricas en oro, coltán y diamantes, entre otros minerales, están ubicadas, en su mayoría, en el estado Bolívar, en donde el control de los yacimientos hace tiempo que recae en grupos parapoliciales.

Según informes del gobierno, el Arco Minero del Orinoco aportará este año US$ 2.000 millones al país. El proyecto ha sido duramente criticado por organizaciones ambientalistas, partidos políticos e incluso sindicatos que acusan a las autoridades locales de violar las leyes gremiales.

Las operaciones militares al sur del estado Bolívar comenzaron en 2016, luego de que Maduro anunciara la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, plan con el que se pretende explotar el subsuelo de más de 11.000 kilómetros cuadrados al sur del país. Con el aumento del precio de los minerales y el deterioro del país, miles de mineros, venezolanos y extranjeros, se trasladan hasta la región para trabajar de manera ilegal.

El 4 de marzo de 2016, Tumeremo, una zona rica en minerales, fue escenario de un confuso episodio. Medios locales reportaron que 28 mineros murieron en una masacre en una mina de oro llamada Atenas. Sin embargo, la Fiscalía disminuyó la cifra y la ubicó en 21 abatidos. “Acá llegaron una cantidad de mineros baleados, apuñalados, golpeados, que habían logrado escapar de la masacre”, declaró entonces al corresponsal de la BBC un médico que estaba de guardia en el Hospital José Gregorio Hernández.

La versión del doctor, que pidió no revelar su identidad, coincide con las denuncias de los familiares de las supuestas víctimas. Agregó: “Los cuerpos de los muertos nunca llegaron a la morgue, parece que los botaron en fosas comunes”. Para el gobierno, se trató de un choque entre bandas criminales rivales .

En agosto de 2017, hubo ocho muertos en otro choque con los cuerpos de seguridad en la población de El Callao. “Ninguno de los fallecidos contaba con documentos”, dijo el diario El Universal. Al mes siguiente, en El Manteco murieron 19 en otro supuesto enfrentamiento en la mina Las Babitas, dijo el diario El Nacional. De acuerdo con la versión oficial, sin embargo, el cruento episodio provocó once muertos.

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